El juez Souza Prudente ha alegado que las comunidades indígenas de la zona no habían sido consultadas antes del inicio de las obras. Al mismo tiempo, denuncia que habían existido vicios en el Supremo Tribunal Federal cuando declaró la constitucionalidad de las obras. En caso de desobediencia, la multa a la empresa estatal Electrolux por no parar las obras sería de 500.000 reales diarios (200.000 euros)