Los peritos de la Intervención General de la Administración del Estado, dependiente del entonces ministro Cristóbal Montoro, presentaron en diciembre de 2013 un extenso informe encargado por la jueza que siempre fue puesto en duda por las defensas y que fue la base de la acusación de prevaricación y malversación de la cúpula política de la Junta que ahora cuestiona el TC.