La lucha de los trabajadores que pugnan por poner en marcha las empresas quebradas y abandonadas por sus dueños tuvo ayer una respuesta inesperada, pero largamente reclamada. La presidenta de la Nación anunció el envío al Parlamento de un proyecto de modificación de la ley de quiebras “que garantice la continuidad de las empresas abandonadas por sus patrones en manos de sus trabajadores”.