El juzgado de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional no puede avanzar en las investigaciones sobre el espionaje a Bárcenas, financiado con fondos reservados de la policía política formada por el Partido Popular, conocida como «policía patriótica», porque el Gobierno actual no ha desclasificado aun los datos imprescindibles que reclama el magistrado.