Juncker y Dijsselbloem ampararon personalmente a grandes corporaciones para ayudarles a evadir impuestos, perjudicando al resto de países de la UE en beneficio de Luxemburgo y Holanda, y luego bloquearon todos los intentos de la Comisión Europea por corregir ese sistema impositivo que defraudó miles de millones de euros a las arcas públicas