Pese a la sentencia del Tribunal Supremo que declaraba que los repartidores de las empresas de plataforma debían ser considerados trabajadores por cuenta ajena, pese a las inspecciones de trabajo con sus correspondientes sanciones, la empresa española Glovo ha continuado realizando las mismas prácticas de contratación ilegales. Se les acusa de delitos de estafa, defraudación a la hacienda pública y a la Seguridad Social, así como a los derechos de los trabajadores.