El texto de la ponencia cuestiona dos apartados clave de la norma: la definición del consentimiento y la desaparición del delito de abuso sexual. Los ponentes consideran que no hacía falta introducir una definición legal del consentimiento y que hacerlo puede invertir la carga de la prueba (que sea el acusado el que tenga que probar que no hubo consentimiento, en vez de que sea la acusación la que demuestre que existió el delito).