La mala tramitación de las sanciones, por exceso de velocidad inexistente o considerar infracción grave el acceder a una Zona de Bajas Emisiones son tres de los principales argumentos que han llevado a solicitar al Ayuntamiento de Madrid la revisión y cancelación de cerca de 2,5 millones de expedientes sancionadores (concretamente 2.477.817), incoados en los dos últimos años contra miles de conductores madrileños, por un importe económico superior a los 400 millones de euros, por cuanto se han detectado graves irregularidades en su tramitación.