El millar largo de asesores del actual Gobierno, contratados a dedo sin que se conozcan sus méritos o formación académica (ni su sueldo), va a suponer este año un coste superior a los 55 millones, una cifra inédita en los Presupuestos Generales del Estado. Hasta el Tribunal de Cuentas tiene contratado a personal de confianza de sus altos cargos, con un gasto inicial de 1,4 millones; el Consejo de Estado llega a 388.000 euros, mientras que Defensa supera los 1,1 millones.