Todo es más sencillo de lo que parece. La deuda privada de este país, 4,3 billones de euros, no se puede pagar, y quien la concedió, nuestro sistema bancario, es insolvente. Y el hecho de que el Gobierno central, actual y anterior, se haya mostrado dispuesto a avalar y garantizar la totalidad de la deuda privada de los bancos ha supuesto que los acreedores de la deuda española hayan enfocado su presión sobre las finanzas públicas, para que estén más saneadas por si el Estado tiene que salir al rescate de la banca privada española.