La privación de libertad por ejercer la libertad de expresión es una barbaridad para cualquier demócrata y también para el Consejo de Europa, el Tribunal de Derechos Humanos y las Naciones Unidas con los que España tiene firmados convenios. La jurisprudencia internacional establece que los cargos públicos no están más protegidos sino más sometidos que el resto al examen y el reproche social. Las libertades del ciudadano prevalecen sobre las instituciones porque éstas están al servicio de aquéllas. En democracia, no en España.El derecho interna