Entre el gran número de revelaciones de Wikileaks hubo unas, publicadas en 2010, que ilustraban unas prácticas corruptas dentro de la alta judicatura española que acabaron embarrando dos de los nombres que, aún hoy, ocupan unas de las posiciones más relevantes: el fiscal general del estado de entonces, Cándido Conde-Pumpido, y Javier Zaragoza, que en aquel momento era fiscal jefe de la Audiencia española.