Ambos expresidentes ponen el punto y final a las declaraciones de los ex 22 altos cargos imputados en esta pieza política que juzga si el procedimiento con el que la Junta de Andalucía repartió, según el escrito de la Fiscalía, 741 millones de euros durante una década, desde 2000 a 2010, era legal o se diseñó para permitir el fraude. La jueza Alaya siempre ha mantenido que sirvió para tejer una red clientelar con la que se ayudó el PSOE para ganar los gobiernos de Andalucía. Después, llegará el turno de los 150 testigos.