Se trata del denominado servicio de interrumpibilidad, un mecanismo que sirve para garantizar que grandes fábricas pararán y dejarán de consumir electricidad (o reducirán su consumo) si hay picos de demanda u otras incidencias que supongan un riesgo para el suministro o puedan provocar subidas disparadas de los precios eléctricos. Se trata de un seguro, de un por si acaso, y los clientes pagan por esa garantía. ¿Cuánto? Este año, casi 200 millones de euros.