“Cabe el 155”, advierten en el Gobierno de Pedro Sánchez ante el polémico protocolo antiabortista puesto encima de la mesa por el ejecutivo de Castilla y León, la primera y por ahora única administración autonómica en España dirigida por el Partido Popular y la ultraderecha de Vox. Pero el recurso a este artículo de la Constitución, que podría llegar a intervenir las competencias en Sanidad en esta comunidad autónoma, sería la última opción, según admiten en el Ejecutivo, si previamente no logran que se retire esta controvertida iniciativa.