El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso se opone a otorgar un nuevo alquiler social a una afectada por la venta de vivienda pública a Goldman Sachs, a pesar de que una sentencia judicial de primera instancia ampara a la mujer que fue desahuciada por el fondo estadounidense en 2016 y condena a la Comunidad de Madrid a concederle un nuevo piso público.