El juez que investiga prevaricación contra el Servicio Andaluz de Salud por adjudicar a dedo 300 millones entre 2021 y 2023 usando una ley derogada en pandemia ha imputado a la actual gerente, que entre enero y julio de este año volvió a firmar otras nueve ampliaciones de gasto por valor de 28 millones de euros para las mismas clínicas privadas.