La Fiscalía Especial contra la Corrupción ha estado investigando las razones que han llevado al Gobierno a dejar pasar la posibilidad de exigir a las eléctricas más de 3.000 millones de euros que nos habrían cobrado de más en el recibo de la luz. La investigación deriva de una denuncia de un colectivo ciudadano, la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético. Se trata de una ampliación de una primera denuncia, apoyada por más de 90.000 firmas recogidas en menos de 48 horas, en la que evidenciábamos el caso de las llamadas "puertas giratorias".