José Javier Díez, el paciente de Sida a quien el Servicio Andaluz de Salud (SAS) dio orden de embargar su casa y un garaje para cobrar las medicinas que le había administrado para su enfermedad, al estar asegurado con la compañía privada Asisa, se declaró el Domingo en huelga de hambre como protesta porque la Junta no ha retirado los embargos, a pesar de que un juez le ha obligado a ello. Dice sentirse "engañado" y "acosado" por la Administración, cuando no "tratado como ganado"