Más de 30 países disponen de artículos similares en su legislación que discriminan al hombre como víctima de la trata de personas, ya sea excluyéndolos, invisibilizándolos o rebajando su prioridad para obtener servicios como víctima. Algunos países como Venezuela han decidido incluir al hombre recientemente (2010), pero la mayoría continúa considerando a los varones adultos como una categoría inferior.