Así se lo trasladó el director del área municipal de Servizos Sociais a la afectada, Elisabeth Sanlés, según denuncia la plataforma Stop-desahucios. El desalojo está fijado para el martes 8 de octubre. Al no apreciar riesgo de exclusión, no le han gestionado un alquiler social, sino solo "unos días en una residencia", a la que no podrá llevar a su hijos de 3, 4 y 11 años, y después será una institución católica. De no encontrar una vivienda podra perder la custodia de sus hijos.