Las organizaciones de consumidores coinciden en señalar que la sentencia del Tribunal de la UE que declara ilegal el canon digital establece un agravio comparativo entre empresas y particulares. La OCU entiende que los derechos de autor tienen que estar protegidos. Sin embargo, considera que "no es justo que se criminalice al consumidor privado, dando por sentado que va a hacer copias para comercializarlas, es decir, sin respetar la presunción de inocencia".