Este organismo público, que receta austeridad para el salario mínimo o las pensiones, gasta más de 5 millones de euros al año en financiar residencias vacacionales para sus trabajadores con dinero público. El Banco de España no explica en sus cuentas anuales el coste de estos derechos adquiridos por los trabajadores por negociaciones en el pasado y que se mantienen a día de hoy.