De interponerse finalmente serían el noveno y décimo recurso del Gobierno madrileño, esta vez ante el Supremo; una vía que implica un gasto y que en la práctica supone dilatar el proceso de recuperación de las 3.000 VPO enajenadas por 201 millones de euros en 2013. Las 2.935 viviendas protegidas están repartidas a lo largo de 32 promociones por el territorio autonómico.