Muchas angustias y muchos rumores se han agolpado en las ventanillas de los ayuntamientos esta semana por el temor de que la Generalitat cortase el flujo a las familias que cobran la renta mínima de inserción, la prestación que se reserva a quien ha quedado atado al eslabón más débil de la sociedad y con la que el Govern teme que se comete más de un fraude. Centenares de beneficiarios han acudido alarmados a las dependencias municipales para resolver por qué no habían recibido el ingreso que agotan mes tras mes.