La Audiencia de Barcelona estimó un recurso presentado por la Asociación de Juristas Constitucionalistas por las Libertades y la Asociación para la Transparencia y la Calidad Democrática contra la decisión del Juzgado de Instrucción número 21 de Barcelona de rechazar la práctica de diligencias, entre ellas la citación como investigada de la interventora municipal que firmó el primer convenio de ayudas en 2014 y luego participó en la tramitación de la concesión de otras subvenciones.