La intención del Gobierno central de no reconocer en el estatuto de las electrointensivas a la industria básica, la que más consume y por tanto a la que más le afecta el precio de la energía, daña gravemente a aquellas compañías para las que su competitividad e incluso supervivencia dependen de su factura eléctrica, como Arcelor, AZSA o las alumineras.