El Estado peruano no quiere ver “la violación sistemática del derecho al territorio, a la propiedad, a la consulta, al propio modelo de desarrollo, a vivir en un medio ambiente equilibrado y adecuado y del derecho a la vida de los pueblos indígenas”. Por el contrario, permite que las empresas ingresen a territorios indígenas sin permiso, y de esta manera impone de modo violento un modelo de desarrollo opuesto a los planes de vida de los pueblos indígenas u originarios.