Ante la alarmante situación que atraviesan estos centros, plataforma y comité apelan a la responsabilidad de las empresas y el propio Gobierno de Aragón para que "definitivamente se comprometan a ponerle fin". A los que exigen la puesta en marcha de un convenio colectivo aragonés que "garantice definitivamente unas condiciones dignas y seguras para el desarrollo de estos trabajos".