La Generalitat Valenciana tiene una deuda de 72 millones de euros con 14 institutos tecnológicos que ha provocado 15 Expedientes de Regulación de Empleo y que el número de investigadores pase de ser de 1.700 a 1.300, además de una situación más que complicada en varios de estos institutos. Estos centros prestan servicio al tejido industrial de la Comunitat Valenciana, un servicio de I+D que no pueden permitirse internamente muchas empresas.