El ginecólogo Leandro Rodríguez Lastra fue hallado culpable de incumplimiento de los deberes de funcionario público por haber interrumpido el aborto que cursar la joven R.P., de 19 años, que había sido violada y no quería gestar ni parir el producto de esa violación. El juez Álvaro Maynet consideró que el médico llevó adelante “una maniobra dilatoria”, exigió requisitos que el acceso a la interrupción legal del embarazo no requiere y mintió, primero a la paciente y luego a la justicia, para forzar la continuidad de la gestación.