El ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, ha anunciado este lunes que está ultimando un acuerdo con la CEOE y las mutuas de las empresas para ayudar en el proceso de vacunación, en concreto, para ayudar con la logística. Así lo ha asegurado en una entrevista en Espejo Público en Antena 3.
Esta medida ayudará a las comunidades autónomas, en caso de que sea necesario, que podrán servirse de las grandes empresas para mejorar la logística de la vacuna. “Las mutuas tienen personal sanitario y locales que podrán estar a disposición de las autoridades sanitarias de las comunidades autónomas", asegura el responsable de Seguridad Social.
En concreto, ha anunciado que se va “a firmar un convenio próximamente con la CEOE y las mutuas para que exista esta posibilidad, ponerla a disposición de las comunidades autónomas si quieren utilizar las capacidades logísticas y el personal sanitario de las mutuas de accidentes de trabajo para vacunar en los próximos meses. Esto podría estar vinculado al ámbito empresarial de trabajo".
El Ministerio de Seguridad Social responde así a la petición de las grandes empresas de poder vacunar a sus empleados. "Me ha parecido entender que quieren ayudar al proceso de vacunación, incluso financiarlo y ocuparse de él”, afirma Escrivá, que matiza que “en este momento no hay un problema de financiación, sino de oferta de vacunas que se está arreglando”.
Escrivá ha descartado la posibilidad de que estas grandes empresas puedan obtener sus propias vacunas en el mercado extranjero para acelerar el proceso y recuerda que España va a recibir en las próximas semanas más dosis de la vacuna contra el coronavirus. “El modelo centralizado en Europa está funcionando bien”, afirma Escrivá.
"No es verdad que estemos poniendo sobre la mesa un endurecimiento de la jubilación anticipada"
En otro orden de cosas, Escrivá se ha pronunciado sobre la reforma del sistema de pensiones, una de las medidas más solicitadas por los sindicatos en los últimos meses. El ministro ha negado que esté proponiendo endurecer las jubilaciones anticipadas y matiza que la intención es corregir la "enorme regresividad" de los incentivos al retiro del mercado laboral antes de la edad legal de jubilación.
"No es verdad que estemos poniendo sobre la mesa un endurecimiento de la jubilación anticipada. Solo hemos constatado que, para los que están en pensión máxima, el incentivo de facto es de un 4%, cuando para una persona que esté en pensión normal es del 16%. Hay una enorme regresividad en el diseño de incentivos de jubilación anticipada y lo que queremos hacer es eliminar esa regresividad", ha explicado el responsable de la Seguridad Social.
La propuesta comunicada a los agentes sociales contempla un incentivo menor al actual para la mayoría de las personas que podrían jubilarse de forma anticipada dentro de los dos años anteriores a la edad legal, según el ministro. Ante los rumores, ha recalcado que flexibilizar estas jubilaciones no solucionará el paro juvenil estructura: "Es un lugar común que no tiene base empírica".
"Se puede buscar hasta una mezcla con pago único al principio y luego un mayor porcentaje de pensión", ha explicado el ministro con respecto a los incentivos como el cheque de 12.000 euros o un porcentaje de pensión mayor. En palabras de Escrivá, el objetivo es ofrecer un "abanico de posibilidades" más amplio y flexible.
Niega la condicionalidad de Bruselas
El ministro de Seguridad Social ha negado también que la reforma de pensiones sea una condición de Bruselas para el reparto de los fondos europeos y ha afirmado que se trata de una reforma pactada en el acuerdo de coalición. "Ha sido el Gobierno de España el que ha planteado a Bruselas que esta es una de las reformas a emprender", ha aclarado.
La reforma "no va de recortar las pensiones", sino de asegurar el poder adquisitivo de los pensionistas, asegura Escrivá. "Desgraciadamente existe la tentación de elegir este tema y construir narrativas artificiales de que hay recortes, pero todo esto es narrativa".
Por otro lado, ha recalcado las palabras de Yolanda Díaz sobre la extensión de los ERTE más allá del 31 de mayo y aboga por mantener la medida tres o cuatro meses más. Asimismo, ha confesado que prevé cerrar este mes con 300.000 hogares preceptores del Ingreso Mínimo Vital (IMV), que beneficiaría a 700.000 personas.